Cuando en junio de 2017 se consiguió que un partido conservador como el PP aceptase respaldar la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI parecía que las cosas iban por buen camino. Este pacto permitió al PP participar, por primera vez en la historia, en la Marcha del Orgullo Gay de Madrid y borrar algunos tropiezos que habían con el colectivo. Su mala fama acecha desde que en 2005 la mayoría de partidos aprobaron el proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual, con el rechazo del PP y de Unió Democrática de Catalunya. Sin embargo, el Partido Popular parece dispuesto a dar pasos hacia atrás por la lucha de la igualdad LGTBI, o al menos así lo ha demostrado con su enmienda de treinta y tres artículos de supuesto apoyo a la asociación.
Esta propuesta sustituye a la Ley de Igualdad LGTB elaborada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) con apoyo del partido Unidos-Podemos. La indignación del presidente de la asociación, Jesús Generelo, no es de extrañar. El texto del PP prescinde de temas relevantes como las sanciones a los delitos de odio, la formación en diversidad en escuelas y los derechos de filiación. Resulta contradictoria la visible falta de apoyo al colectivo cuando entre sus militantes de Nuevas Generaciones cuentan con gran número de jóvenes abiertamente homosexuales. No se sabe si es una cuestión de valores y creencias, o una absurda lucha partidista por que la ley aprobada sea la propia y no la del de al lado. Detrás del colectivo esperan miles de ciudadanos con nombre y apellido, tantos que las cifras calculan que España es el segundo país europeo con más población LGTBI, y lo que buscan estas personas son igualdades y derechos. No importa que vengan firmados por el PP, el PSOE, Unidos-Podemos, Ciudadanos o cualquier otro partido.
La política española debe dejar de aparentar tanto, y actuar más. No en su beneficio, sino en el de aquellos que se van a ver afectados por sus decisiones. Quizá para el PP aceptar la Ley de Igualdad LGTB de otro partido parezca una derrota, pero en materia de derechos y libertades hay que ordenar las prioridades, y a la larga se podrá convertir en una auténtica victoria.
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